Las reformas al marco regulatorio del sector eléctrico impulsadas por el Gobierno Nacional permitirán fortalecer la capacidad supervisora y fiscalizadora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) al dotarla de mayores herramientas legales para auditar, sancionar y obligar a las distribuidoras al estricto cumplimiento de los estándares de calidad en defensa de los derechos de los usuarios.

El Proyecto de Ley 10-26, presentado formalmente ante la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, introduce reformas drásticas al Texto Único de la Ley 6 de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad con el objetivo de robustecer el rol regulador del Estado y blindar los derechos de los consumidores frente a las históricas fallas del suministro energético.

La iniciativa recoge meses de análisis, evaluación y trabajo técnico adelantado por la ASEP y el Ejecutivo, con el propósito de actualizar las herramientas regulatorias y responder a una de las principales preocupaciones de los usuarios: contar con un servicio eléctrico de mayor calidad, continuidad y confiabilidad.

Para la Administradora General de la ASEP, Zelmar Rodríguez de Massiah, esta reforma representa un paso necesario para fortalecer la capacidad del Estado de proteger a los ciudadanos y exigir a las empresas distribuidoras el cumplimiento de sus responsabilidades. Ha sido diseñada para fiscalizar con rigurosidad y dar respuestas automáticas, directas y justas a cada reclamo de energía en el país.

Explicó que la actual legislación le impone muchas limitaciones a la ASEP, por lo que veníamos trabajando y estudiando desde hace meses porque entendemos que el sector eléctrico cambió y que la regulación también tiene que evolucionar. El ciudadano necesita un regulador con herramientas suficientes para defender sus derechos, exigir calidad y actuar cuando las empresas no cumplen”, señaló Rodríguez de Massiah.

“La regulación no puede quedarse en el papel. Cuando un usuario sufre un apagón, una fluctuación de voltaje o recibe un servicio que no cumple con los estándares establecidos, tiene que contar con una autoridad que lo escucha, lo protege y actúa. Ese es el sentido de esta reforma”, afirmó la Administradora General de la ASEP.

En ese sentido, precisó que entre las modificaciones con mayor impacto destaca la facultad de la ASEP para imponer multas millonarias de hasta B/. 20 millones por infracción, las cuales se ejecutarán de manera forzosa y deberán ser transferidas de forma directa a la factura para resarcir a los clientes afectados. Se busca garantizar que cada queja se traduzca en una compensación directa y que las fallas en el servicio puedan ser sancionadas con severidad y ejecutadas de manera automática sin eternos plazos de espera.

La propuesta plantea importantes avances para los usuarios, entre ellos modificaciones a los mecanismos y plazos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los clientes cuando se incumplan las normas de calidad del servicio y mayores herramientas para fortalecer la fiscalización.

El proyecto también incorpora disposiciones para fortalecer las condiciones de competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, así como nuevas herramientas relacionadas con la calidad y continuidad del servicio, permitiendo una actuación regulatoria más efectiva frente a las interrupciones.

En materia de acceso, la iniciativa contempla la participación de las empresas distribuidoras en los esfuerzos de la Oficina de Electrificación Rural (OER), con el objetivo de contribuir a llevar el servicio eléctrico a comunidades de difícil y costoso acceso.

La institución continuará acompañando el proceso legislativo desde su experiencia técnica y regulatoria, aportando los elementos necesarios para que la discusión permita fortalecer la protección ciudadana y garantizar reglas claras para todos los actores del sector.

“Queremos una regulación moderna, firme y justa. Una regulación que proteja al usuario, que dé certezas a quienes cumplen y que tenga la capacidad de actuar con firmeza frente a quienes no cumplen. Panamá necesita servicios públicos que estén a la altura de lo que sus ciudadanos esperan”, concluyó Rodríguez.

La ASEP reafirma así su compromiso de seguir construyendo una institución más moderna, más cercana y con mayor capacidad de fiscalización, poniendo siempre al usuario en el centro de la regulación.