Las empresas ENSA, EDEMET y EDECHI deberán acreditar los montos a los clientes afectados por incumplir las normas de calidad del servicio eléctrico.
• En pocos meses, la ASEP ha ejecutado más de B/.39 millones en sanciones dentro del sector eléctrico, consolidando una política firme de vigilancia y protección ciudadana.

Martes 21 de octubre. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció la imposición de multas por un total de B/.18.5 millones de balboas a las empresas ENSA, EDEMET y EDECHI, tras comprobarse incumplimientos a los estándares de calidad exigidos en la prestación del servicio de distribución eléctrica.

De acuerdo con la entidad, estos montos deberán ser reintegrados directamente a los usuarios afectados, a través de créditos reflejados en sus facturas de consumo eléctrico, con la debida notificación y desglose del beneficio.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, destacó que esta acción es parte del esfuerzo institucional para fortalecer la regulación y garantizar que los derechos de los consumidores estén por encima de cualquier interés empresarial.

«Ningún panameño debe pagar por un servicio deficiente. Las empresas deben responder cuando la calidad no se cumple. Estas multas son una señal de que la ley se aplica con rigor y de que la ASEP está del lado del ciudadano», destacó Rodríguez Crespo.

Las sanciones aplicadas corresponden a diez procesos administrativos iniciados entre los años 2019 y 2022, que fueron revisados y resueltos bajo la actual administración entre los meses de agosto y noviembre de 2024.

El detalle de los montos es el siguiente:

● ENSA: tres multas (2020, 2021 y 2022) por B/.780,321.00, monto ya acreditado en su totalidad a los usuarios.
● EDEMET: cuatro sanciones (2019, 2020, 2021 y 2022) por B/.13,522,920.17, actualmente en proceso de acreditación.
● EDECHI: tres sanciones (2020, 2021 y 2022) por B/.4,270,831.50, que también deberán ser acreditadas a los clientes en las próximas semanas.

Rodríguez Crespo explicó que la Ley No. 6 de 1997, que regula el servicio público de electricidad, obliga a las empresas distribuidoras a mantener altos niveles de calidad y continuidad en el suministro, y otorga a la ASEP la facultad de fiscalizar, sancionar y exigir compensaciones cuando esos parámetros no se cumplen.

«Estas decisiones no son aisladas. Forman parte de una política de supervisión más estricta y transparente que busca restablecer la confianza ciudadana en el sistema eléctrico nacional, como lo ha indicado nuestro presidente José Raúl Mulino. Nuestro deber es continuar garantizando que cada usuario reciba el servicio por el que paga, con la calidad que la ley exige», agregó la administradora general.

Desde el inicio de su gestión, en julio de 2024, la ASEP ha resuelto y ejecutado multas históricas por más de B/.39 millones de balboas, únicamente en el sector de distribución de energía eléctrica, lo que constituye uno de los mayores montos acumulados en la historia regulatoria del país.

Esta cifra refleja una nueva etapa institucional caracterizada por la firmeza en la aplicación de la ley, el seguimiento riguroso a los prestadores del servicio y la defensa activa de los derechos de los usuarios.

Además, la ASEP reiteró que continuará monitoreando permanentemente los indicadores de calidad y atención de las empresas eléctricas, a través de mecanismos técnicos, visitas de inspección e informes periódicos, con el propósito de prevenir futuras infracciones y fortalecer la confianza del consumidor.

«La ciudadanía debe saber que la ASEP no solo regula: protege. Nuestro trabajo es que cada sanción se traduzca en un beneficio directo para las personas. Estamos demostrando que la ley sí se cumple y que la energía del país también se puede administrar con justicia», concluyó Rodríguez Crespo.