La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) destaca que la propuesta del Gobierno Nacional para reformar la Ley 6 de 1997 que regula el mercado eléctrico aprobada en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, responde a la necesidad de actualizar las reglas del mercado, fortalecer la fiscalización y proteger los derechos de los usuarios.
La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, enfatizó que las reformas responden a una demanda legítima de los usuarios: recibir un servicio eléctrico de calidad y una atención justa a sus reclamos.
Se trata de hacer que el mercado funcione mejor para los usuarios, por lo que llegar al segundo debate es un paso trascendental en esa dirección, expresó.
«Para la ASEP, no puede existir un mercado moderno sin reglas claras, empresas que cumplan con la calidad del servicio y usuarios cuyos derechos puedan hacerse efectivos«, enfatizó.
Rodríguez Crespo resaltó que la propuesta incorpora nuevas herramientas que fortalecen la capacidad fiscalizadora de la ASEP, eleva las exigencias de calidad en la prestación del servicio y establece mecanismos más efectivos ante los reclamos de los ciudadanos por posibles incumplimientos.
En ese sentido, valoró el trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, asimismo el espacio brindado para escuchar y analizar los aportes de los distintos sectores vinculados a la actividad eléctrica.
Entre los cambios propuestos destacan la reducción de los plazos para resolver reclamos, la aplicación de créditos en la factura ante incumplimientos de los niveles de calidad y el fortalecimiento de los mecanismos de resarcimiento a los usuarios cuando corresponda como en casos de aparatos dañados por fluctuaciones.
La reforma también incorpora medidas para promover mayor competencia, eficiencia y transparencia en distintos componentes del mercado eléctrico, planteando un nuevo esquema para la compra de potencia y energía mediante actos de concurrencia bajo supervisión regulatorias para acercar las contrataciones a las necesidades de la demanda.
Asimismo, actualiza los parámetros utilizados para determinar la rentabilidad regulada de los segmentos de transmisión y distribución, y se limita la concentración en la generación.
Estos cambios buscan generar mejores condiciones de eficiencia y competencia. Si bien la tarifa eléctrica está sujeta a diversos componentes y variables del mercado, la reforma busca corregir y modernizar las reglas que determinan cómo funciona el sector para que el usuario obtenga la calidad del servicio que demanda.
“Estamos ante una oportunidad de lograr una regulación con mayores herramientas para que la fiscalización tenga más capacidad de acción. El usuario debe saber que existen reglas, que se supervisan y que las empresas tienen que cumplirlas”, reafirmó Rodríguez Crespo.
Más fiscalización, mayor exigencia a las empresas, mejor calidad del servicio y derechos más efectivos para los usuarios son algunos de los pilares de la transformación que plantea esta reforma.
