Panamá, 10 de julio de 2026. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa a la ciudadanía el marco legal que rige el establecimiento de precios de los servicios de telecomunicaciones, ante las inquietudes recientes sobre incrementos aplicados por las empresas del sector.

Conforme al Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 (artículos 228 y 240) y a los contratos de concesión vigentes, las empresas de telecomunicaciones tienen la libertad de establecer los precios de sus planes y servicios comerciales. La ASEP no tiene facultad legal para fijar ni aprobar los precios que cobran las empresas de telecomunicaciones.

La responsabilidad de la ASEP, de acuerdo a la normativa legal, es verificar que las empresas cumplan con el procedimiento establecido antes de aplicar un ajuste de precio. En los casos recientes de Tigo y Cable & Wireless Panamá, ASEP verificó que las empresas cumplieron con el procedimiento.

La ASEP reconoce que cualquier aumento en el precio de los servicios de telecomunicaciones afecta directamente el presupuesto de las familias. Por ello, además de fiscalizar el cumplimiento de las normas, la institución realiza acciones para promover una mayor competencia en el mercado.

Desde del 2025, la ASEP trabaja en la gestión del proceso de licitación pública dirigido a crear las condiciones para la posible entrada de un tercer operador móvil al país. Este proceso busca ampliar las opciones disponibles para los usuarios y fortalecer la competencia entre las empresas de telecomunicaciones.

La incorporación de un nuevo operador no depende únicamente de la ASEP ni puede darse por garantizada. La función de la institución es adelantar el proceso que le corresponde, de manera transparente y conforme a la ley, para facilitar una mayor participación en el mercado.

Los temas relacionados con contratos, publicidad comercial, posibles cobros indebidos y protección al consumidor corresponden a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

La ASEP continuará fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones, informando con claridad a la ciudadanía y trabajando para promover un mercado con mayor competencia y mejores opciones para los usuarios.