Las modificaciones al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, están orientadas a mejorar la calidad del servicio, a esa conclusión llegaron los principales actores de un conversatorio organizados por Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), donde la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) estuvo presente, a través de su administradora general, Zelmar Rodríguez Crespo.
Durante el conversatorio, organizado por las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Energía y Combustibles de la APEDE, la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, explicó que las modificaciones, propuestas por el Órgano Ejecutivo y presentadas en la Asamblea Nacional para su discusión, están dispuestas “con miras a alcanzar un servicio más confiable para las familias panameñas”.
Para alcanzar este objetivo, la administradora de la ASEP detalló un listado de las principales modificaciones a la ley 6 de 1997, entre las que se incluyen reducir de 30 a 15 días el plazo para responder los reclamos de los usuarios, ampliar las causales para terminar contratos por incumplimientos reiterados y facultar al regulador para intervenir temporalmente cuando esté en riesgo la continuidad del servicio.
Esta propuesta legislativa, modifica 19 artículos e incorpora cuatro nuevas disposiciones a la Ley 6 de 1997, en donde se contempla créditos en la factura por deficiencias en el servicio, como, por ejemplo, mecanismos para garantizar el resarcimiento a los clientes y sanciones administrativas con multas de hasta B/.20 millones.
Alberto López Tom, presidente de APEDE, destacó la necesidad de hacer la revisión de esta normativa para contribuir a recuperar la confianza de los usuarios y ofrecer certeza a quienes realizan inversiones de largo plazo.
En tanto, Eric Molino Ferrer, vicepresidente de APEDE, sostuvo que la reforma resulta oportuna ante los cambios tecnológicos que hacen necesario contar con un marco legal atractivo para la inversión, además de fortalecer al regulador para garantizar la calidad del servicio a los usuarios.
Hernando Abraham Carrasquilla, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de APEDE, destacó que uno de los avances que promueve la reforma es la asignación a las distribuidoras de la electrificación de las áreas rurales que constituye un beneficio a más de 58,000 familias.
